xCongreso de la Nación.
El Gobierno nacional presentó al Congreso una ambiciosa reforma legal destinada a abordar de manera integral el problema del crimen organizado en Argentina. Los proyectos enviados abarcan desde una nueva Ley Antimafias hasta ajustes en el sistema penal y medidas para fortalecer las capacidades investigativas y operativas del Estado.
La propuesta de la Ley Antimafias, busca transformar el enfoque actual hacia las organizaciones criminales. Tal como expresó la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al presentar el proyecto en marzo, se trata de un cambio radical: “La ley contra las organizaciones criminales cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”.
Entre los aspectos clave de la Ley Antimafias se encuentra la delimitación de los delitos a los que se aplicará, incluyendo tráfico de drogas, lavado de activos, homicidios, entre otros, siempre que estén relacionados con los objetivos de una organización criminal. Se establece una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión solo por pertenecer a dicha asociación.
Además, se introduce el concepto de “reiterancia”, que permite sumar penas de manera aritmética hasta un máximo de 50 años, independientemente de si las condenas han sido cumplidas. Esta medida busca endurecer las penas para quienes reincidan en actividades delictivas.
Otro aspecto relevante de la reforma es la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal, que ampliará el alcance del registro actualmente centrado en delitos sexuales. Esta medida facilitará la identificación de sospechosos y condenados, agilizando los procesos judiciales.
El proyecto también aborda la legítima defensa, reconociéndola como un derecho fundamental de las personas. Se amplía el marco legal para permitir la defensa en cualquier momento del día y en lugares como el hogar o el lugar de trabajo.
Con estas iniciativas, el Gobierno busca fortalecer la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado, mejorar la efectividad de las investigaciones y garantizar una respuesta más contundente frente a las amenazas a la seguridad pública. Ahora, queda en manos del Congreso debatir y eventualmente aprobar estas reformas que prometen cambiar el panorama de la lucha contra la delincuencia en el país.
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