xEl Ejecutivo mantuvo una reunión con los gremios universitarios, en medio del conflicto por el veto a la Ley de Financiamiento, pero no hubo avances para llegar a un acuerdo, ya que los sindicalistas señalaron que la oferta gubernamental de una actualización del 6,8% fue “absolutamente insuficiente”.El encuentro, que duró unas dos horas, se desarrolló como una mesa técnica para analizar la situación salarial de docentes y no docentes, sin que se ofreciera una mejora salarial. Según los gremios, entre los puntos que el Gobierno no reconoció se encuentran la garantía salarial y la quita del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente).Participaron de la reunión, entre otros, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Los gremios presentes incluyeron FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, CTERA, UDA y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Uno de los representantes sindicales expresó su descontento respecto a la falta de propuestas concretas del Gobierno: “En mayo presentamos un proyecto para recuperar los salarios, pero no hemos tenido una respuesta adecuada por parte de las autoridades”.Los gremios subrayaron que el 90% del presupuesto universitario está destinado a salarios, los cuales están severamente deprimidos, con un atraso del 60% respecto a la inflación. Además, indicaron que las universidades rinden cuentas de estos fondos de manera constante, por lo que no hay posibilidad de que se destinen a otros fines.El Gobierno, por su parte, evitó dar detalles sobre una posible nueva oferta salarial. Afirmaron que la comisión técnica tiene como objetivo determinar aspectos relacionados con la situación y evolución salarial, buscando clarificar la interpretación de las demandas sindicales y la visión del Gobierno sobre los números presentados.Desde el sector sindical advierten que docentes y no docentes universitarios arrastran un retraso salarial del 50% en comparación con la inflación. Según comentaron, la reunión no fue una paritaria formal, sino una instancia técnica para que el Ejecutivo reconozca la deuda con el sector.Esta reunión se produjo tras la marcha federal universitaria en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. El decreto se publicó con la justificación de que su implementación podría “poner en riesgo el equilibrio fiscal”. El Gobierno sostiene que la ley sancionada por el Congreso no especifica de dónde provendrán los recursos para financiarla.Mientras continúan las negociaciones entre la Secretaría de Educación y los gremios universitarios, el Ejecutivo está evaluando la posibilidad de reducir el financiamiento destinado a obras públicas para destinar más fondos a los salarios del sector educativo a través del Presupuesto 2025. El Gobierno, además, indicó que si el Congreso rechaza el veto a la Ley de Financiamiento, judicializará el asunto.Se espera que el debate sobre los gastos e ingresos de las universidades para el año próximo comience en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados en los próximos días, donde el Gobierno buscará negociar una ampliación presupuestaria para el área de Educación.
