xLuego de que la Justicia chaqueña definiera la detención de Mauro Andión y María Laura Moreno en una investigación por fraude contra la administración pública cuando estuvieron al frente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), la actual interventora del organismo, Clelia Ávila, se refirió a la situación.”Esto ha sido una estafa al pueblo del Chaco, una burla al que menos tiene. Han usado la pobreza para beneficio propio, y esto no pudo haber sido sin conocimiento o por lo menos sin la anuencia de las máximas autoridades”, manifestó Ávila en diálogo con medios de comunicación.En cuanto a las cantidades de dinero que se investigan, Ávila indicó que “el monto que se manejó en el último presupuesto fue de 16.000 millones, de los cuales 15.000 fueron destinados para estas obras que no se han terminado. A cifras de hoy estamos hablando de 50.000 millones de pesos”.La funcionaria además apuntó contra otros dos organismos que habrían participado en la dinámica fraudulenta que investiga la Justicia: la Inspección General de Personas Jurídicas “que sacaba en trámite exprés la personería de las organizaciones sociales”, y el Banco de tierras, “manejado de una manera tan desprolija que a los referentes se les otrogaba 20, 30, 50 parcelas sin control alguno”, manifestó. “Mucha gente se ha visto burlada en su buena fe, se ha visto estafada y se encontraron con situaciones sin respuesta y sus casas que no se terminaban. Sabían que las organizaciones habían recibido el dinero, nosotros hicimos el trabajo de verificación en los expedientes que encontramos, lo cual hay que reconocer que también había una serie de irregularidades”, denunció.En ese contexto, Ávila expresó: “me duele como chaqueña, porque vemos a diario la pobreza, lo que está pasando la gente con los días de frío sin su casa, sin su techo, que se le ha dicho que le iban a terminar. Y en muchos otros casos hasta sorprendidos porque estaban inscriptos como beneficiarios y cuando se dieron cuenta, no eran beneficiarios, porque algunas organizaciones sociales se han encargado de despojarlos de su derecho y han puesto a sus hijos, a sus familiares”.Además, remarcó que hubo “un uso indiscriminado de fondos, sin justificar el dinero que se ha otorgado para la realización de obras o la ejecución de galpones, y lo que menos hemos encontrado son las obras para las cuales se dio ese dinero. Los galpones, como bien ya lo he dicho, hoy son clubes, o son salones de fiestas, o son quinchos con piscinas”.
