El análisis del artefacto explosivo que detonó en la Sociedad Rural fue clasificado como de “baja complejidad”, “posiblemente de tipo pirotécnico”. Según revelaron fuentes policiales, el sistema se activa con “un mecanismo de alivio de presión”. Es decir, al abrirse el sobre, se acciona la carga explosiva. Por las muestras que dejó la explosión, los primeros análisis indicaron que la carga “parece estar compuesta por pólvora, lo que indica que se trató de un artefacto con un potencial explosivo limitado, diseñado para generar deflagración o una llamarada intensa en lugar de una onda expansiva”. “La pólvora podría ser pólvora negra o un tipo comúnmente usado en fuegos artificiales”, agrega el informe. Los peritos también concluyeron que probablemente el artefacto tenía “componentes electrónicos y cables” para asegurar que se activara. “El dispositivo probablemente está compuesto por un centro cargado con pólvora, conectado a varios cables que conducen electricidad desde una fuente, como una batería pequeña, esta electricidad alimenta un iniciador pirotécnico que genera una chispa para encender la pólvora”, indicaron fuentes policiales. La conclusión de los primeros análisis es que “este tipo de artefacto es probable que haya sido utilizado con fines intimidatorios o disruptivos, como en manifestaciones o pequeños actos de vandalismo”. “El análisis indica que el diseño del artefacto cumplió con su intención de causar daño y generar un impacto intimidatorio”, concluyeron, en un análisis preliminar. La causa quedó a cargo de Daniel Rafecas, que subroga a Sebastián Casanello en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7. Rafecas ya ordenó las primeras medidas, que tendieron a reconstruir la ruta del sobre explosivo. El artefacto llegó con un delivery, que dejó una encomienda para el titular de la entidad, Nicolás Pino. La Justicia solicitó todas las cámaras de seguridad del lugar para identificar al responsable de la entrega. “Nada por ahora”, contestaron desde la ciudad de Buenos Aires, al ser consultados por LA NACION sobre las hipótesis que se investigan. Entre los antecedentes bajo análisis, fuentes policiales recordaron que la Sociedad Rural Argentina (SRA) ya había sufrido ataques con bombas de pintura por parte de grupos ambientalistas radicales. “Estos grupos anarquistas también habían realizado manifestaciones y performances durante la exposición y frente al lugar, donde se encontraba el antiguo zoológico”, recordó una de las fuentes. En los primeros análisis, los investigadores advirtieron sobre la precariedad del artefacto explosivo. Y encontraron similitudes con uno detectado tiempo atrás en la estación de Retiro, otro en la Universidad Tecnológica Nacional, otro explotó en el correo en Monte Grande, uno de una sucursal postal de Córdoba y, por último, otro enviado a la empresa Indra, que se participa en el operativo electoral. En las primeras elucubraciones, las fuerzas de seguridad descartaban la hipótesis del “empleado infiel”, es decir, el ataque de un excolaborador de la Sociedad Rural. La reacción aparecía como desmedida para un caso de esas características. El paquete fue entregado en Juncal 4450, ayer, después de las 10 horas. La sucursal de origen llevaba como código postal 1230 de la ciudad de Buenos Aires. La Nación
