La demostración de fuerza que pretende ejercer Javier Milei sobre el Congreso al vetar, de manera total, la ley que mejora los haberes jubilatorios tendrá efectos pírricos. Aunque la oposición no alcance los dos tercios de los votos para insistir en la norma, tanto críticos como dialoguistas advierten que semejante mazazo caldeará todavía más ánimos, le complicará al Gobierno la sanción de las leyes por venir y le abrirá la puerta a nuevas y más agresivas iniciativas opositoras. “Milei se arriesga a jugar con fuego”, avisan en la oposición. No sólo por los eventuales contraataques del Congreso; también por el costo político que, aseveran, erosionará la figura del presidente al negarles a los jubilados una recomposición del 8,1% que el Gobierno no reconoció por la inflación de enero pasado. El veto, más que afectar a los legisladores que la votaron, será visto como una afrenta contra uno de los grupos poblacionales más afectados por el ajuste, sostienen. El veto total torpedeará los canales de diálogo con los pocos dirigentes de la oposición dialoguista que, hasta ahora, facilitaron la gobernabilidad parlamentaria. Y que se ofrecían a viabilizar el tratamiento de una de las leyes más relevantes por venir al Congreso, el presupuesto 2025. Aquellos que, hasta último momento, intentaron persuadir a distintos interlocutores de la Casa Rosada a que el veto fuera parcial, no total, para evitar una guerra abierta. “Lo inteligente e ideal sería mantener el aumento del 8% del mes de enero que no fue contemplado cuando el Presidente hizo el DNU. Hay algunos artículos que podrían ser vetados que tienen que ver con la relación con las provincias, con cómo se ordenan las cajas provinciales y si eso el Gobierno lo puede hacer, estamos mano a mano”, fue la recomendación de Miguel Pichetto, jefe de Encuentro Federal. Las sugerencias de Pichetto se toparon con la intransigencia presidencial. Cuando Milei devuelva vetada en su totalidad la ley a la Cámara de Diputados –su cámara de origen- oficialistas y opositores desatarán una carrera frenética para reunir votos, unos para defender el veto, otros para insistir con la ley original. Si La Libertad Avanza alcanza al menos 86 voluntades, habrá ganado la partida: representa el tercio de la Cámara, suficiente para bloquear la ofensiva opositora, que necesita al menos dos tercios para imponerse, como exige la Constitución Nacional. ¿Cuán lejos o cerca está de alcanzar ese número mágico? Con Mauricio Macri de su lado, que avaló el veto presidencial anunciado por Milei pese a que los senadores de su bloque habían votado a favor de la ley, el oficialismo podría reunir 74 voluntades entre ambas bancadas. Los pequeños bloques que suelen orbitar alrededor del oficialismo –MID, Buenos Aires Libre, FE-, que votaron en contra del proyecto jubilatorio cuando se trató en junio pasado, suman otros seis. Total: 80. El oficialismo descuenta que, con un par de llamados a gobernadores afines –como el peronista Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos)- se acercaría con otros cuatro votos al número dorado. Como pocas veces antes la Casa Rosada someterá a prueba la maleabilidad de los mandatarios provinciales; si además logra meter una cuña en el bloque radical con los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), los dos mandatarios más amables con el Gobierno, estará en capacidad de neutralizar a sus adversarios, ni qué hablar si a ellos suman a los gobernadores de Salta –Gustavo Sáenz- y de Misiones -Hugo Passalacqua-, dueños de ocho votos del bloque Innovación Federal. ¿Hasta qué punto estos gobernadores facilitarán sus votos en la Cámara de Diputados? He aquí el quid de la cuestión. Los mandatarios provinciales, que vienen sometidos a un fuerte recorte en sus partidas presupuestarias –subsidios al transporte, obra pública, recursos para educación- acumulan un malestar creciente por las promesas por ahora incumplidas por parte del gobierno nacional. A ello se suma que hay trece provincias –Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa y Corrientes- que acumulan déficits millonarios por no recibir en tiempo y forma los fondos nacionales para cubrir las cajas previsionales no transferidas. La ley vetada por el Poder Ejecutivo contiene un artículo que instruye a la ANSeS a cancelar esas deudas en un plazo de seis meses, prorrogables por otros seis. “Nosotros vamos a bajar para insistir en la ley”, sentenció el diputado Carlos Gutiérrez, adláter del gobernador Martín Llaryora. Córdoba es una de las mayores acreedoras por las deudas de la Nación a la caja jubilatoria provincial. Escenarios posibles La oposición cuenta con una ventaja: la Constitución no prevé plazos para insistir con una ley vetada por el Poder Ejecutivo. Hay antecedentes parlamentarios de leyes insistidas después de un año de haber sido observadas. Nada los obliga a apurar el tranco; es más, algunos advierten que una sesión apresurada, sin los dos tercios garantizados, derivaría en una derrota que les impediría volver a tratar la iniciativa en lo que resta del año parlamentario. Artículo 83 dixit de la Constitución Nacional. Frente al desafío del veto presidencial, la oposición baraja distintos escenarios: El veto presidencial, en un contexto de enfrentamiento con el Congreso, no finiquita las discusiones ni los problemas. Por el contrario, puede abrir una impredecible Caja de Pandora.
