La jornada estuvo encabeza por el juez del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Néstor Enrique Varela, y la defensora general Alicia Alcalá, y fue organizada por el Ministerio Público de la Defensa (MPD), el Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM) y Centro de Estudios Judiciales (CEJ), representado este último a nivel local por la delegada Elia Pisarello.
Por parte del Ejecutivo provincial estuvieron el subsecretario de Niñez, Adolescencia, Familia y Adultos Mayores, Fernando Samudio, y Patricia Fernández, subsecretaria de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad. También estuvieron presentes Natalia Gutierrez Mendoza y Fabiana Viain, secretarias de la Sala Civil y Comercial del STJ. Y en representación del Ejecutivo municipal participaron la presidenta del Concejo, Nora Gauna y el concejal Pablo Hukovsky.
Las facilitadoras María Clara Mottet, Carina Sforza, Mariana Alcalá y Mariana Barlé del ORSM explicaron las pautas para garantizar el pleno acceso a la salud y el resguardo de la integridad psicofísica de personas con presunto padecimiento mental y/o en estado de intoxicación por consumos problemáticos de sustancias -en riesgo para sí o para terceros- e internaciones involuntarias.
Además, la propuesta se enfocó en definir el rol de los operadores que intervienen en la ejecución del Protocolo de Intervención de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad e Internaciones Involuntarias y consensuar mecanismos para una intervención articulada y garante de los derechos de los usuarios entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial y ORSM en los casos de que aquellos revistan un estado que no admita dilaciones y se encuentren en riesgo para sí o para terceros.
Participaron jueces y funcionarios de la Justicia de Paz y Faltas, Juzgados de Niñez, Adolescencia y Familia, Asesorías y Defensorías y representantes del ORSM, de los ministerios de Salud Pública, Seguridad y Desarrollo Humano, de las Secretarías de Derechos Humanos, General de Gobierno y Asuntos Estratégicos, del Iprodich, del INSSSEP y agentes de la Policía del Chaco. También estuvieron presentes integrantes del Poder Ejecutivo Municipal y del PAMI de la 3° circunscripción judicial.
Al finalizar el taller se llevó a cabo una reunión para acordar el modo de participación y el rol de los operadores judiciales en los procesos declarativos de restricción a la capacidad y control de legalidad de internaciones involuntarias.